Propuesta de reforma de la Ley de Extranjería.
Cada cinco días muere en España una mujer a consecuencia de los malos tratos producidos por su esposo o compañero, son más de medio millón de agresiones delictivas en el ámbito familiar sin que muchas de estas conductas puedan ser juzgadas en los Tribunales debido al miedo, a la vergüenza o al desconocimiento, que impide la correspondiente denuncia de la víctima.
La violencia de género es un problema “contra” las mujeres y no “de” las mujeres, es un problema que afecta a toda la sociedad e impide el desarrollo y la igualdad de sus ciudadanos.
Es necesario aunar fuerzas para luchar contra esta lacra social, porque estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos, que se debe combatir con todos los instrumentos del sistema democrático.
Las víctimas de la violencia doméstica provienen de todos los sectores de la vida, de todas las culturas, de grupos de bajos o altos ingresos, de todas las edades, de cualquier religión. Es por ello que las mujeres inmigrantes no escapan a esta realidad, viéndose doblemente afectadas por el hecho de; ser mujer y ser inmigrante.
Los casos de mujeres residentes en España por reagrupación familiar, con una dependencia absoluta del marido tanto económica como administrativa, poco permiten la denuncia, pues llevarla a cabo no hace sino dejarlas sin su protección, y, en algunos casos, arrojarlas a la irregularidad.
Siendo uno de los objetivos principales de las políticas de igualdad erradicar la violencia contra las mujeres, el Centro de la Mujer de Miguelturra propone al Gobierno Central la revisión y modificación de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre de reforma de Ley Orgánica 4/2000, 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en consecuencia, el Reglamento de ejecución de dicha ley ( RD 864/2001).
Se propone;
- Que la mujer víctima de malos tratos pueda obtener un permiso de residencia independiente de su cónyuge maltratador, sin necesidad de acreditar un plazo previo de convivencia con él en España y sin necesidad de autorización para trabajar.
- Posibilitar el acceso al permiso de trabajo inicial en condiciones más favorables que las que actualmente se imponen, puesto que en la actualidad se exige la existencia previa de una oferta laboral, especialmente difícil para muchas mujeres inmigrantes socialmente marginadas. Agilizando los actuales trámites administrativos y dando prioridad a las víctimas de malos tratos.
- Reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita a mujeres inmigrantes irregulares que sean víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
- Incluir como medida sancionadora la expulsión del territorio español de los maltratadores, prohibiéndosele futuras entradas en nuestro país así como la obtención de permisos de residencia y/o trabajo.
La violencia de género es un problema “contra” las mujeres y no “de” las mujeres, es un problema que afecta a toda la sociedad e impide el desarrollo y la igualdad de sus ciudadanos.
Es necesario aunar fuerzas para luchar contra esta lacra social, porque estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos, que se debe combatir con todos los instrumentos del sistema democrático.
Las víctimas de la violencia doméstica provienen de todos los sectores de la vida, de todas las culturas, de grupos de bajos o altos ingresos, de todas las edades, de cualquier religión. Es por ello que las mujeres inmigrantes no escapan a esta realidad, viéndose doblemente afectadas por el hecho de; ser mujer y ser inmigrante.
Los casos de mujeres residentes en España por reagrupación familiar, con una dependencia absoluta del marido tanto económica como administrativa, poco permiten la denuncia, pues llevarla a cabo no hace sino dejarlas sin su protección, y, en algunos casos, arrojarlas a la irregularidad.
Siendo uno de los objetivos principales de las políticas de igualdad erradicar la violencia contra las mujeres, el Centro de la Mujer de Miguelturra propone al Gobierno Central la revisión y modificación de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre de reforma de Ley Orgánica 4/2000, 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en consecuencia, el Reglamento de ejecución de dicha ley ( RD 864/2001).
Se propone;
- Que la mujer víctima de malos tratos pueda obtener un permiso de residencia independiente de su cónyuge maltratador, sin necesidad de acreditar un plazo previo de convivencia con él en España y sin necesidad de autorización para trabajar.
- Posibilitar el acceso al permiso de trabajo inicial en condiciones más favorables que las que actualmente se imponen, puesto que en la actualidad se exige la existencia previa de una oferta laboral, especialmente difícil para muchas mujeres inmigrantes socialmente marginadas. Agilizando los actuales trámites administrativos y dando prioridad a las víctimas de malos tratos.
- Reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita a mujeres inmigrantes irregulares que sean víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
- Incluir como medida sancionadora la expulsión del territorio español de los maltratadores, prohibiéndosele futuras entradas en nuestro país así como la obtención de permisos de residencia y/o trabajo.
