El estado económico de Tierra de Calatrava se sabrá en marzo de 2011.

Según indica el artículo realizado por Oliva Carretero y publicado en el Diario Lanza, tanto en su tirada escrita como en la web www.lanzadigital.com, en el día 22 de junio de 2010, el estado económico en el que se encuentra la cooperativa Tierra de Calatrava se conocerá a finales de marzo de 2011 según transmitió el titular del juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero, que instruye el concurso de acreedores de la entidad, a miembros de la plataforma de afectados el pasado 18 de junio.

En ese encuentro, el juez les indicó su preocupación por la situación de Tierra de Calatrava y mostró su disposición para lograr una solución favorable, aunque también pidió paciencia a los allí reunidos pues es un proceso largo. A su vez les indicó que la cifra de afectados podría superar los 1.900.

En este sentido, en la rueda de prensa de ayer, el abogado de la plataforma, Santiago Coello, explicó que el concurso de acreedores se encuentra en la fase común, donde se formaliza el inventario y también donde se solucionan las incidencias concursales.

Éstas son, añadió Coello, las impugnaciones realizadas por los interesados que están en desacuerdo con los créditos y que se tramitan en otro proceso judicial dentro del propio concurso. Una vez resueltos estos incidentes concursales, en marzo del próximo año, se podrá presentar la lista definitiva de acreedores y determinar la masa acreedora y deudora de la cooperativa.

Tras ello, el concurso de acreedores entra en la fase de convenio, siguió aclarando el abogado, donde se decide si se ratifica un convenio con los acreedores, entre ellos el Santander -es el principal acreedor con 15 millones de euros-, y los afectados; o, en el peor de los casos y si no firma el banco, se liquida la cooperativa y se cierra, puntualizó el letrado.


Querellas admitidas.

Además del concurso de acreedores continúa abierto el procedimiento penal contra los ex dirigentes de Tierra de Calatrava y varios empleados del Santander. En el juzgado de instrucción número 6 de Ciudad Real se presentaron en diciembre de 2009 sendas querellas por la Plataforma de Afectados que recientemente han sido admitidas a trámite.

La primera de ellas fue admitida el pasado 10 de junio, en la que la Plataforma acusaba al ex presidente de la cooperativa, Ofelio López, a la empleada de la sección de crédito, María del Carmen Vargas, al ex gerente de la cooperativa, Zacarías Barba, y a dos empleados del Santander de un delito de estafa, falsedad en documento mercantil, falsedad contable, administración desleal así como contra la intimidad y la protección de datos. Esta denuncia se fundamenta, señaló Santiago Coello, en el funcionamiento propio de la sección de crédito y en el sistema de cuentas de barrido entre el banco de Santander y la cooperativa.

Ésta, continuó el abogado, se ha excedido de sus funciones al prestar dinero a personas que no eran socias, realizar operaciones financieras, inversiones en bolsa, concesiones de préstamos hipotecarios... Para actuar así, se creó el sistema de cuentas de barrido para una gestión centralizada de la tesorería de Tierra de Calatrava, de forma que el dinero existente en las cuentas periféricas de cada cooperativista se "barrían" a diario a la cuenta personal centralizada sin que muchos de ellos tuvieran conocimiento ni de la apertura de cuentas -algunos tenían abiertas hasta cinco- ni del sistema de barrido empleado pese a necesitarse el consentimiento expreso de los ahora afectados.

Tras estallar la estafa, los perjudicados pidieron documentación de sus cuentas al Santander y vieron que las firmas eran falsas.

La segunda querella de la plataforma fue admitida a trámite el 15 de junio por administración desleal, estafa y solvencia punible contra el ex presidente de la cooperativa, el ex secretario, el ex tesorero y el ex gerente de la cooperativa por su actuación en la creación, constitución y actividad social en la sociedad Recreo Urbanizaciones SL, empresa destinada a la promoción y urbanización de suelo, en la que Tierra de Calatrava poseía un 39 por ciento de capital social y un 61% los querellados.

Su objetivo era la urbanización de los terrenos del sector de suelo industrial Estación-Zodejo de Miguelturra y donde, según el letrado de la plataforma, se han efectuado inversiones superiores a los diez millones de euros sin contar previamente con las preceptivas licencias urbanísticas, ante lo que criticó la permisividad municipal. De otro lado, la mercantil utilizaba los medios de la cooperativa pese a estar independizada de la misma, además de utilizar fondos de la sección de crédito para pagar facturas de Recreo Urbanizaciones ni saberse el origen del capital social.

También se recoge el aval de un millón de euros presentado por el presidente de la cooperativa y admitido por el Ayuntamiento, que ha sido impugnado por la administración concursal por fraudulento. Por último, el presidente de la plataforma, Lucas Gómez, puntualizó unas declaraciones de Santiago Moreno señalándole que la cooperativa no es una entidad privada sino una entidad con marcado carácter social.