El Ayuntamiento pide responsabilidad patrimonial al Banco de España en el caso de la Cooperativa Tierra de Calatrava.

El alcalde de Miguelturra, Román Rivero y los responsables del bufete de abogados Iuris Tamtun han informado de las últimas acciones realizadas en el proceso abierto contra la cooperativa Tierra de Calatrava de Miguelturra.

Iván Hernández, abogado, ha explicado que aparte del procedimiento legal y del concursal que ya se había iniciado en representación de los 201 afectados y del Ayuntamiento de Miguelturra ahora han ejecutado la tercera acción que les quedaba por realizar, la petición de la responsabilidad patrimonial del Estado y del Banco de España singularmente.

Esta, según Hernández, es una acción de carácter administrativo y que trata de exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Para el ejercicio de esta acción legalmente se establece el plazo de un año, en el caso de la Cooperativa este plazo concluía el 13 de enero que fue el momento en el que se causo el perjuicio porque se retiro la cuenta de barrido y los afectados no pudieron retirar sus fondos, y por tanto continua el abogado "nosotros antes de ese plazo, concretamente el 4 de enero, presentamos en los registros de Madrid, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco de España una solicitud de responsabilidad patrimonial de la administración concretada en que se reintegre el perjuicio a cada uno de los afectados, tanto al Ayuntamiento, como a los 201 afectados".

El problema añade Hernández "es que esta acción es preclusiva o sea hay que formularla en el año y si no lo haces en este período, aunque lleves la razón no te van a resarcir. Por ello, nosotros la formulamos, aunque no sabemos si otros abogados del resto de los afectados la han formulado o no".

En síntesis los tres puntos fundamentales de esta reclamación presentada en los registros de Madrid y tal y como explica el abogado son:

1. "Imputamos la responsabilidad al Banco de España porque es la Institución Pública encargada de supervisar toda la actuación de captación de Ahorro Público. Esta, es una actividad reglada y sometida a autorización y sólo las entidades autorizadas por el Banco de España las pueden realizar y siempre bajo unos determinados parámetros y supervisiones. Por tanto, deberían haber realizado unas provisiones para que nunca hubieran pasado esto en la Cooperativa de Miguelturra".

"En realidad, Hernández aclara que, como Sociedad Cooperativa de la sección de crédito no debía estar sometida a la inspección del Banco del España porque nunca debía de haber captado Ahorro Público, como esto no fue así y se realizaba una actividad financiera hacia terceros y no solamente hacia el socio cooperativista, esta actividad financiera sí que tenía que haber sido supervisada por el Banco de España y evitar lo que ha pasado y por eso nuestra exigencia al Banco de España".

2. "En segundo lugar, es que en realidad esa actividad de captación de Ahorro Público aparentemente y hacia la calle se hacía en forma de una sucursal de una entidad bancaria que también debería estar sometida a supervisión del Banco de España cuando realmente no lo era o mejor dicho no lo debía ser. Es decir toda la apariencia de la Sección de Crédito era la del Banco de Santander, exactamente la de una sucursal del Banco de Santander."

3. "La tercera cuestión importante es que esa actividad financiera que se realizaba a través de la sección de creditito del Banco Santander se realizaba con un contrato de agente colaborador que no se publicitaba". "Nadie sabía que había una relación de contrato de agente colaborador pero a mayor abundamiento de esa relación de agente colaborador, como se ha podido saber posteriormente, desde el año 2000 al año 2007 se hizo directamente con la Cooperativa pero en el 2007 se cambio sin comunicarlo y sin decírselo a nadie de tal manera que esa relación de agente colaborador se cambio de la sección de crédito a una de las imputadas, precisamente a la gerente de la Sociedad Cooperativa de la Sección de Crédito la empleada del Banco de Santander, María del Carmen Vargas Sánchez".


Por tanto, concluye el abogado estos son los tres puntos por los cuales se exige la responsabilidad y la cantidad a la que ascendería esta cercana a los 8 millones de euros.

Por otra parte, el abogado explica que "ante estas peticiones el Banco de España deberá responder y si declina esa responsabilidad el siguiente tramite es acudir al Tribunal Superior de Justicia para dilucidarlo, e igualmente también habría que hacerlo si se entrara en el silencio administrativo negativo por falta de respuesta".