Propietarios-as asfixiados-as por la crisis: la otra cara del desahucio
Según indica el periódico el Día de Ciudad Real en su versión digital, artículo de Sylvia González, siempre que se habla de desahucios de viviendas se hace pública la situación en la que se quedan las familias que son desalojadas, sin embargo, la historia de los propietarios también puede resultar igual de dramática.
José Fernando de Abajo Rioja y que era hace pocos meses residente en Miguelturra, de 37 años, es solo un ejemplo de los casi cinco millones de parados que hay en España. Pero a su situación de desempleo hay que sumarle otra consecuencia de la crisis económica.
Es el caso de José, hace dos años se quedó en paro tras el cierre de la empresa ciudadrealeña donde trabajaba. Al no encontrar un nuevo empleo tuvo que regresar a su ciudad natal, Valladolid, y poner en alquiler su vivienda.
La prestación por desempleo que cobraba no le permitía pagar la hipoteca de su piso en Miguelturra por lo que tuvo que regresar a casa de sus padres. "Se rompieron mis esquemas de diez años y perdí la independencia y el ritmo de vida que tenía", decía José.
Y casi pierde también su casa. En febrero del año pasado tuvo la suerte de encontrar un inquilino, al cabo de unos meses, éste dejó de pagar. José tuvo que hacer frente al pago de la hipoteca y de los gastos de luz, agua y gas que no pagaba su inquilino. Más del 50 por ciento de la prestación que cobraba por estar en el paro la tenía que destinar a pagar una vivienda en la que ni siquiera vivía.
Después de exigir su dinero al inquilino por teléfono, vía carta, mediante burofax... el pasado mes de junio interpuso una demanda de desahucio.
A partir de ese instante el sistema le brindó una segunda oportunidad al deudor, por la que podría liquidar las cantidades pendientes, sin embargo, tampoco las hizo efectivas. Finalmente, el caso acabó en los tribunales un año después de que el dueño del piso pusiera la demanda.
El pasado mes de mayo se celebró el juicio. El inquilino ni siquiera se presentó, meses antes abandonó el piso y en la actualidad se encuentra en situación de rebeldía procesal. La cantidad que debe asciende ya a más de 5.778 euros, más las costas del proceso.
El pasado jueves se hacía efectiva la orden de desahucio y una comisión judicial se trasladaba a la vivienda de José para hacer cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real. Después de un año sin poder entrar en su vivienda, José recuperaba su casa. A pesar del tiempo transcurrido sigue en el paro, y ahora se plantea de nuevo, "pero con poca confianza", volver a alquilar el piso si no es capaz de venderlo debido a la situación de crisis económica.
No es un caso único
Crisis e insolvencia son palabras que normalmente aparecen emparejadas. Cuando la situación económica es insostenible, aumentan los impagos con todos los daños colaterales que ello conlleva. "Es la pescadilla que se muerde la cola", decía a este diario la jueza decana de los juzgados de Ciudad Real, Isabel Serrano.
Empresas que cierran, trabajadores que pierden sus empleos y se quedan sin ingresos y viviendas que no pueden pagarse porque las familias no tienen solvencia para afrontar los gastos. Desde que comenzó la crisis económica las demandas civiles han sufrido un notable incremento en la provincia.
Los juzgados de Primera Instancia de Ciudad Real han tramitado en lo que va de año 63 demandas de desahucio. Una cifra similar a la del año pasado que cerró el año con 159 demandas, según explicaba Serrano. "Tal y como va hasta ahora supongo que se cerrará el año con una cifra muy parecida", añadía. También las ejecuciones hipotecarias han aumentado en los últimos años. En 2009, se presentaron en la provincia de Ciudad Real 909, esta cifra suponía un aumento respecto al año anterior de un 55,9 por ciento.
Morosidad
En lo que se refiere a la morosidad en vecinos pertenecientes a comunidades de propietarios en 2009 creció un 13,33 por ciento en la provincia de Ciudad Real en relación al año anterior. Así se desprende del II Estudio Fichero de Inquilinos Morosos realizado por FIM Ibérica, que indica que cada vecino moroso de la provincia debe una media de 2.659,86 euros. Otro estudio, éste llevado a cabo por la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta), calcula que alrededor de 1.400 comunidades de vecinos de la provincia cuentan con algún moroso.
José Fernando de Abajo Rioja y que era hace pocos meses residente en Miguelturra, de 37 años, es solo un ejemplo de los casi cinco millones de parados que hay en España. Pero a su situación de desempleo hay que sumarle otra consecuencia de la crisis económica.
Es el caso de José, hace dos años se quedó en paro tras el cierre de la empresa ciudadrealeña donde trabajaba. Al no encontrar un nuevo empleo tuvo que regresar a su ciudad natal, Valladolid, y poner en alquiler su vivienda.
La prestación por desempleo que cobraba no le permitía pagar la hipoteca de su piso en Miguelturra por lo que tuvo que regresar a casa de sus padres. "Se rompieron mis esquemas de diez años y perdí la independencia y el ritmo de vida que tenía", decía José.
Y casi pierde también su casa. En febrero del año pasado tuvo la suerte de encontrar un inquilino, al cabo de unos meses, éste dejó de pagar. José tuvo que hacer frente al pago de la hipoteca y de los gastos de luz, agua y gas que no pagaba su inquilino. Más del 50 por ciento de la prestación que cobraba por estar en el paro la tenía que destinar a pagar una vivienda en la que ni siquiera vivía.
Después de exigir su dinero al inquilino por teléfono, vía carta, mediante burofax... el pasado mes de junio interpuso una demanda de desahucio.
A partir de ese instante el sistema le brindó una segunda oportunidad al deudor, por la que podría liquidar las cantidades pendientes, sin embargo, tampoco las hizo efectivas. Finalmente, el caso acabó en los tribunales un año después de que el dueño del piso pusiera la demanda.
El pasado mes de mayo se celebró el juicio. El inquilino ni siquiera se presentó, meses antes abandonó el piso y en la actualidad se encuentra en situación de rebeldía procesal. La cantidad que debe asciende ya a más de 5.778 euros, más las costas del proceso.
El pasado jueves se hacía efectiva la orden de desahucio y una comisión judicial se trasladaba a la vivienda de José para hacer cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real. Después de un año sin poder entrar en su vivienda, José recuperaba su casa. A pesar del tiempo transcurrido sigue en el paro, y ahora se plantea de nuevo, "pero con poca confianza", volver a alquilar el piso si no es capaz de venderlo debido a la situación de crisis económica.
No es un caso único
Crisis e insolvencia son palabras que normalmente aparecen emparejadas. Cuando la situación económica es insostenible, aumentan los impagos con todos los daños colaterales que ello conlleva. "Es la pescadilla que se muerde la cola", decía a este diario la jueza decana de los juzgados de Ciudad Real, Isabel Serrano.
Empresas que cierran, trabajadores que pierden sus empleos y se quedan sin ingresos y viviendas que no pueden pagarse porque las familias no tienen solvencia para afrontar los gastos. Desde que comenzó la crisis económica las demandas civiles han sufrido un notable incremento en la provincia.
Los juzgados de Primera Instancia de Ciudad Real han tramitado en lo que va de año 63 demandas de desahucio. Una cifra similar a la del año pasado que cerró el año con 159 demandas, según explicaba Serrano. "Tal y como va hasta ahora supongo que se cerrará el año con una cifra muy parecida", añadía. También las ejecuciones hipotecarias han aumentado en los últimos años. En 2009, se presentaron en la provincia de Ciudad Real 909, esta cifra suponía un aumento respecto al año anterior de un 55,9 por ciento.
Morosidad
En lo que se refiere a la morosidad en vecinos pertenecientes a comunidades de propietarios en 2009 creció un 13,33 por ciento en la provincia de Ciudad Real en relación al año anterior. Así se desprende del II Estudio Fichero de Inquilinos Morosos realizado por FIM Ibérica, que indica que cada vecino moroso de la provincia debe una media de 2.659,86 euros. Otro estudio, éste llevado a cabo por la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta), calcula que alrededor de 1.400 comunidades de vecinos de la provincia cuentan con algún moroso.
