El Juzgado de Instrucción admite a trámite la querella criminal contra el Banco Santander presentada por el Ayuntamiento
El Alcalde de Miguelturra Román Rivero ha comparecido en rueda de prensa junto al responsable de la firma de abogados Iuris Tantum, Iván Hernández, y un portavoz de los cooperativistas afectados en el caso de la Sociedad Cooperativa Tierra de Calatrava, para anunciar que el Juzgado número seis de Ciudad Real ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento contra ocho empleados del Banco Santander y contra el gerente y la directora de la sección de crédito de la Cooperativa.
El alcalde miguelturreño señaló que se presentaron en el juzgado para querellarse contra "aquellos que estimamos responsables del problema de la cooperativa que está afectando a medio pueblo".
Por su parte, el abogado de Iuris Tantum, que está llevando la defensa tanto del Ayuntamiento como de 167 perjudicados a nivel personal, explicó en qué ha consistido este primer paso de un proceso dirigido por dos vías. Por un lado, la mencionada querella criminal admitida a trámite y, por otro, las acciones judiciales llevadas a cabo contra el propio proceso concursal en que está inmersa Tierra de Calatrava.
Iván Hernández manifestó que, con fecha de 28 mayo de 2009, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ciudad Real ha dictado auto de admisión a trámite de las diferentes querellas presentadas, una contra el Banco Santander, concretamente contra ocho de sus empleados, además de contra el gerente de la Cooperativa y contra la directora de la sección de crédito.
Para Hernández, se trata de un asunto trascendental porque, además de ser la primea acción contra la entidad bancaria, "pone en evidencia los indicios de criminalidad que nosotros considerábamos que existían en la conducta del banco". Una querella de 120 folios donde aparecen hasta seis posibles delitos tales como apropiación indebida, alzamiento de bienes, administración desleal, falsedades contables, concurso o agravamiento de solvencia y realización arbitraria de propio derecho.
Según dijo el letrado, "en algunos de estos supuestos delitos participaba directamente el Santander como cooperador necesario o como autor", y añadió que "en grandes términos se acredita que desde la sección de crédito existía una práctica habitual y desde hace años de papel pelota o papel de colusión".
Pese a que sería necesario un examen pericial para determinar la cantidad de papel de colusión que se manejaba, Iván Hernández afirmó que, según todos los indicios, "se manejaba una cantidad grande, por lo que creemos que la entidad bancaria debía de ser partícipe y conocedora de la actividad de sus empleados en este sentido".
Asimismo, el responsable de Iuris Tantum cuestionó e imputó al Banco Santander ser conocedora de la famosa operación llevada a cabo el pasado 4 de diciembre, cuando todos los bienes de la Cooperativa se hipotecaron a favor del Santander por una deuda de unos cuatro millones de euros; y también de las acciones previas a aquella fecha, cuando, según se ha podido conocer, ya se habían vendido gran cantidad de activos financieros de Tierra de Calatrava para saldar deudas con la entidad. Inmersos en las negociaciones, el Banco Santander empieza a cortar la cuenta de barrido, lo que los abogados del Ayuntamiento consideran que puede constituir un delito de apropiación indebida por parte de la entidad bancaria.
Hernández comentó que, a todo ello, hay que añadir la imputación de un supuesto delito de agravamiento de la insolvencia, ya que "el Banco Santander ha sido el que ha colaborado y permitido que la sección de crédito de la Cooperativa desarrollara esa actividad, profundizando en su situación de insolvencia". "Es decir -continuó- el Santander era el que se ocupaba de ese descuento en papel pelota de la gran mayoría de las operaciones financieras". A este respecto, Hernández puso como ejemplo el hecho de que, tal y como se hace constar en la querella, "el Santander cobrara el 29 por ciento anual de todo el papel que se descontaba, incluido el papel de colusión".
En opinión del abogado del Consistorio, este es un primer paso para descubrir todo lo que ha pasado en la sociedad cooperativa y "ahora lo único que necesitamos es que se practiquen las diligencias, es decir, que se tome declaración como imputados a los empleados del banco, lo que consideramos vital porque en la querella también se describen como conductas ilícitas, por ejemplo, que éstos, una vez retiraron el barrido, comparecieron en la sección de crédito y se llevaron todos los sellos que tenían en la sociedad cooperativa y cortaron el acceso a los programas informáticos para evitar que quedaran toda prueba de su actuación". En este punto, Iván Hernández anunció que pedirá al juez que se asigne a un inspector de finanzas "para que haga una auditoria y determine la cantidad de papel pelota utilizada y cuál ha sido la participación del Santander en esos hechos".
El último aspecto de la querella contra el Santander y los responsables de la sección de crédito de Tierra de Calatrava pasa por la petición de responsabilidad civil al Banco de España por la negligencia en la inspección porque, según aseguró, la sección de crédito actuaba no solamente respecto a sus socios, como dispone la legislación autonómica en materia de cooperativas, sino también frente a terceros y frente a clientes, lo cual es algo prohibido y, como tal, el Banco de España tenía que haber supervisado, intervenido y evitado lo sucedido.
En cuanto al concurso
En cuanto las acciones judiciales llevadas a cabo contra el proceso concursal de la Cooperativa Tierra de Calatrava, el abogado explicó que hay dos incidentes abiertos. El primero es el recurso de apelación que se ha presentado en nombre del Ayuntamiento contra la retribución fijada por el juez respecto a los administradores judiciales que está pendiente de formalizar en el concurso de apelación. El segundo frente se refiere a la petición de causa de separación respecto a dos de los tres administradores judiciales designados. Dos de ellos los nombró directamente el juez mientras que el tercero fue designado por Fertiberia, uno de los acreedores de la Cooperativa.
Las razones para esta petición del bufete del Ayuntamiento es que Alejandro Latorre, nombrado por el juez, y el designado por Fertiberia, habían sido ambos apoderados de esta última sociedad. Además, uno de ellos era cuñado del ex gerente de la Cooperativa, imputado en la causa. Para Iván Hernández, estos hechos hacen incompatible la actividad de los administradores judiciales.
El alcalde miguelturreño señaló que se presentaron en el juzgado para querellarse contra "aquellos que estimamos responsables del problema de la cooperativa que está afectando a medio pueblo".
Por su parte, el abogado de Iuris Tantum, que está llevando la defensa tanto del Ayuntamiento como de 167 perjudicados a nivel personal, explicó en qué ha consistido este primer paso de un proceso dirigido por dos vías. Por un lado, la mencionada querella criminal admitida a trámite y, por otro, las acciones judiciales llevadas a cabo contra el propio proceso concursal en que está inmersa Tierra de Calatrava.
Iván Hernández manifestó que, con fecha de 28 mayo de 2009, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ciudad Real ha dictado auto de admisión a trámite de las diferentes querellas presentadas, una contra el Banco Santander, concretamente contra ocho de sus empleados, además de contra el gerente de la Cooperativa y contra la directora de la sección de crédito.
Para Hernández, se trata de un asunto trascendental porque, además de ser la primea acción contra la entidad bancaria, "pone en evidencia los indicios de criminalidad que nosotros considerábamos que existían en la conducta del banco". Una querella de 120 folios donde aparecen hasta seis posibles delitos tales como apropiación indebida, alzamiento de bienes, administración desleal, falsedades contables, concurso o agravamiento de solvencia y realización arbitraria de propio derecho.
Según dijo el letrado, "en algunos de estos supuestos delitos participaba directamente el Santander como cooperador necesario o como autor", y añadió que "en grandes términos se acredita que desde la sección de crédito existía una práctica habitual y desde hace años de papel pelota o papel de colusión".
Pese a que sería necesario un examen pericial para determinar la cantidad de papel de colusión que se manejaba, Iván Hernández afirmó que, según todos los indicios, "se manejaba una cantidad grande, por lo que creemos que la entidad bancaria debía de ser partícipe y conocedora de la actividad de sus empleados en este sentido".
Asimismo, el responsable de Iuris Tantum cuestionó e imputó al Banco Santander ser conocedora de la famosa operación llevada a cabo el pasado 4 de diciembre, cuando todos los bienes de la Cooperativa se hipotecaron a favor del Santander por una deuda de unos cuatro millones de euros; y también de las acciones previas a aquella fecha, cuando, según se ha podido conocer, ya se habían vendido gran cantidad de activos financieros de Tierra de Calatrava para saldar deudas con la entidad. Inmersos en las negociaciones, el Banco Santander empieza a cortar la cuenta de barrido, lo que los abogados del Ayuntamiento consideran que puede constituir un delito de apropiación indebida por parte de la entidad bancaria.
Hernández comentó que, a todo ello, hay que añadir la imputación de un supuesto delito de agravamiento de la insolvencia, ya que "el Banco Santander ha sido el que ha colaborado y permitido que la sección de crédito de la Cooperativa desarrollara esa actividad, profundizando en su situación de insolvencia". "Es decir -continuó- el Santander era el que se ocupaba de ese descuento en papel pelota de la gran mayoría de las operaciones financieras". A este respecto, Hernández puso como ejemplo el hecho de que, tal y como se hace constar en la querella, "el Santander cobrara el 29 por ciento anual de todo el papel que se descontaba, incluido el papel de colusión".
En opinión del abogado del Consistorio, este es un primer paso para descubrir todo lo que ha pasado en la sociedad cooperativa y "ahora lo único que necesitamos es que se practiquen las diligencias, es decir, que se tome declaración como imputados a los empleados del banco, lo que consideramos vital porque en la querella también se describen como conductas ilícitas, por ejemplo, que éstos, una vez retiraron el barrido, comparecieron en la sección de crédito y se llevaron todos los sellos que tenían en la sociedad cooperativa y cortaron el acceso a los programas informáticos para evitar que quedaran toda prueba de su actuación". En este punto, Iván Hernández anunció que pedirá al juez que se asigne a un inspector de finanzas "para que haga una auditoria y determine la cantidad de papel pelota utilizada y cuál ha sido la participación del Santander en esos hechos".
El último aspecto de la querella contra el Santander y los responsables de la sección de crédito de Tierra de Calatrava pasa por la petición de responsabilidad civil al Banco de España por la negligencia en la inspección porque, según aseguró, la sección de crédito actuaba no solamente respecto a sus socios, como dispone la legislación autonómica en materia de cooperativas, sino también frente a terceros y frente a clientes, lo cual es algo prohibido y, como tal, el Banco de España tenía que haber supervisado, intervenido y evitado lo sucedido.
En cuanto al concurso
En cuanto las acciones judiciales llevadas a cabo contra el proceso concursal de la Cooperativa Tierra de Calatrava, el abogado explicó que hay dos incidentes abiertos. El primero es el recurso de apelación que se ha presentado en nombre del Ayuntamiento contra la retribución fijada por el juez respecto a los administradores judiciales que está pendiente de formalizar en el concurso de apelación. El segundo frente se refiere a la petición de causa de separación respecto a dos de los tres administradores judiciales designados. Dos de ellos los nombró directamente el juez mientras que el tercero fue designado por Fertiberia, uno de los acreedores de la Cooperativa.
Las razones para esta petición del bufete del Ayuntamiento es que Alejandro Latorre, nombrado por el juez, y el designado por Fertiberia, habían sido ambos apoderados de esta última sociedad. Además, uno de ellos era cuñado del ex gerente de la Cooperativa, imputado en la causa. Para Iván Hernández, estos hechos hacen incompatible la actividad de los administradores judiciales.
