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A propuesta del grupo catalán CIU

El Congreso de los Diputados estudiará elevar un dos por ciento la cuota de plazas públicas para personas discapacitadas

El Congreso de los Diputados ha resuelto estudiar la proposición de ley del Grupo Catalán-CiU para elevar del 5 al 7 por ciento la reserva para personas con discapacidad en el acceso al empleo público. La propuesta significa modificar la vigente Ley del Estatuto del Empelado Público para establecer la reserva a favor de personas con discapacidad en un 7 por ciento, creando una subcuota específica del 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual.


El cambio normativo supondría extender esta obligación a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), al considerarse el Estatuto del Empleado Público, una legislación básica vinculante para todos los estamentos públicos.

Desde 2009, el Gobierno central, a través de la oferta de empleo público anual, ya realizaba esta reserva del 7 por ciento, pero con la reforma legal, una vez aprobada, abarcaría, así, a todas las Administraciones Públicas.

CiU apostó el martes por reformar el artículo 59 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad". La ampliación del 2 por ciento que propone CiU estaría destinada a las personas con discapacidad intelectual, "severamente excluidas del mercado laboral", según apunta el Grupo Catalán en su iniciativa.

Además, la proposición de ley incorpora otros avances como es que, en todas las convocatorias, las plazas reservadas para trabajadores-as con discapacidad se tienen que realizar en turnos independientes. El Comité Español de Representes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha valorado de forma positiva este acuerdo.

Por otra parte, CiU plantea otras medidas legislativas que considera de interés para estimular el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, homogeneizándolo en todas las administraciones. Entre estas medidas figura la realización de pruebas independientes, como indica ya el decreto que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Igualmente, sugiere que la convocatoria de turnos independientes sea siempre obligatoria, en lugar de facultativa, como establece dicho decreto.

La iniciativa aboga también por que se dé preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad. Además, CiU propone que si las plazas reservadas y cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran el cuatro por ciento del total de las convocadas, las no cubiertas se acumulen al cupo del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15 por ciento.

Fuente información: www.expansion.com
Información imágenes: alacant.wordpress.com