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Izquierda Unida-Ganemos presenta recurso de reposición por presunto delito de malversación de fondos en el Ayuntamiento de Miguelturra.

Para Izquierda Unida la modificación por Decreto de Alcaldía de la liquidación de una ordenanza fiscal a una determinada empresa podría ser constitutiva de delito.
imagen de Pedro Mellado, Izquierda Unida Ganemos Miguelturra

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Ganemos ha presentado en el Ayuntamiento de Miguelturra un recurso de reposición contra el Decreto de Alcaldía número 7.042 de fecha 14 de junio. El decreto recurrido modifica la cantidad a pagar a una empresa por el uso de la fibra óptica municipal durante el año 2017.

Para Izquierda Unida, el decreto debe ser declarado nulo porque la Alcaldesa no es competente para modificar el contenido de una ordenanza fiscal, cosa que le compete al Pleno. Además, aseguran, el decreto aplica una retroactividad ilegal.

La coalición de izquierdas en el consistorio advierte que el recurso de reposición es la actuación previa a una posterior denuncia si no se estima su recurso. Pedro Mellado, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, afirma que "no se puede cambiar por decreto un acuerdo plenario, especialmente si es para modificar el precio de una tasa a una única empresa".

La ordenanza fiscal número 39, que fija la cuota que debe pagar una empresa por el uso de la fibra óptica municipal, establece la cuota en 4,65 euros por metro lineal/año. Sin embargo, el decreto recurrido modifica ese precio a 1,56 euros, estimando en su totalidad un recurso presentado por la empresa obligada al pago de la tasa.

Desde Izquierda Unida señalan que el decreto firmado por Victoria Sobrino no cumple con lo establecido en la Ley de Bases del Régimen Local ni con la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, Izquierda Unida cree que si no estiman su recurso, la actuación de la alcaldesa podría ser constitutiva de una presunta administración desleal y malversación de caudales públicos.

Mellado, que ya solicitó a Sobrino que anulara su decreto en Junta de Portavoces, vuelve a hacerle el mismo requerimiento mediante el recurso presentado. "No queremos ver a la alcaldesa procesada por favorecer a una empresa de forma presuntamente ilegal a costa del erario público, está a tiempo de actuar conforme a derecho y evitar tener que dar explicaciones en los tribunales" finalizaba Mellado.

Se adjunta el recurso en formato PDF bajo estas líneas.

 

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